Alberto Pradilla
Tenemos estabilidad política pero disposición al diálogo, voluntad de reformas y tiempo para llevarlas a cabo». Con estas palabras, Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Gobierno español, explicaba recientemente la posición de su Ejecutivo. Como la mayor parte de las declaraciones de principios lanzados por el Gabinete de Mariano Rajoy, tiene doble sentido. En este caso, lo que la vicepresidenta venía a decir con «estabilidad» era que su mayoría absoluta le permite imponer el rodillo. Con «disposición al diálogo», que aceptarán a cualquiera que se pliegue a los decretazos. Y con «voluntad y tiempo», que no están dispuestos a ceder. Así funciona la neolengua. Todo un despliegue de eufemismos que retuerce el castellano al límite. Estén atentos: cada semana, tras el Consejo de Ministros, se acuña un nuevo término. La clave está en que suene entusiasta y positivo. Para tenerlo claro: no son recortes sino «ajustes», «refor- mas» o incluso «adelgazamientos» de la administración. A partir de ahí, queda claro que todo vale.
Por ejemplo. Abaratar el despido es un concepto obsoleto. Ahora se lleva la «flexibilización del mercado laboral». El exdirector de «Público», Ignacio Escolar, ya lo advirtió en una entrada de su blog nada más comenzar la legislatura. Aunque sus expectativas se han visto superadas. Empecemos por las cuestiones económicas, el terreno favorito de los líderes del PP. Recientemente, el ministro de Economía, Luis de Guindos, hablaba abiertamente de «privatizar» algunos sectores. Un imperdonable lapsus linguae. ¿Privatizar? ¿Que es eso? Mejor diga «liberalizar para conseguir una gestión mejor y más moderna».
No siempre los malabarismos lingüísticos encuentran la complicidad de los medios. Por ejemplo, la mayor parte de ellos calificó como «amnistía fiscal» el plan del Gobierno español de perdonar a los defraudadores si desembolsaban el 10% de lo que debían. Un error. Lo que en realidad había puesto en marcha el Ejecutivo era un «plan para recuperar los activos ocultos», también conocido como iniciativa de «regularización». No denominarlo de tal manera provoca el enfado de los ministros. Por ejemplo, quedará para la historia la insistencia con la que Ana Mato, titular de Sanidad, negó la aplicación de «recortes» o «copago» farmacéuticos. En realidad, de lo que hablamos es de «aportación» o «esfuerzo». ¿Está usted dispuesto a echar un cable?
Estos últimos términos son polisémicos. Usted «aporta» cuando abona parte de sus medicamentos o realiza un «esfuerzo» al abonar la subida del IRPF. En este último caso, si se refiere al incremento fiscal, debe incluir siempre la apostilla «temporal», que suena más tranquilizadora. Una última advertencia: nunca debe llamar «impuestos» a los impuestos. Eso solo le pondría en evidencia. Lo que se subirá a partir de 2013 no es el IVA, sino una «imposición indirecta». El incremento de diciembre no fue una subida del IRPF, sino un «recargo temporal de solidaridad». ¿Queda claro? Tampoco hay repago. En los tribunales, cuando acuda a segunda instancia y tenga que rascarse el bolsillo, lo que hará será afrontar una «tasa de aportación» para garantizar que la Justicia sea accesible a todos.
Los casi cinco meses de administración de Rajoy dan para mucho. En Euskal Herria, todo el mundo recuerda la «prisión permanente revisable», que es como Alberto Ruiz Gallardón definió la cadena perpetua de toda la vida. Tampoco se ha olvidado el concepto «minijob», que anglicaniza el trabajo precario para que parezca algo cool. Al paso que vamos, este diccionario pronto se habrá quedado corto. Todavía hay que dotar de contenido a la «racionalización de la administración». También, descubrir cómo «inyectar dinero público» a un banco significará hacer exactamente eso que la entidad no haría por usted. Y lo que nos queda.
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