En los últimos días, estamos asistiendo a nuevas informaciones sobre el proyecto de Eurovegas –un complejo de casinos, hoteles y lugares de ocio- que el magnate norteamericano Sheldon Adelson dice querer construir en España. Aunque, al parecer, aún no lo tiene decidido. Un proyecto que promete grandes inversiones y creación de empleo, pero cuyo modelo de negocio no es evidente que vaya a triunfar en España. El cual, por otra parte, es por ahora poco transparente, salvo una única evidencia: la búsqueda del favor del poder político para su implantación.
Lo primero que llama la atención de estas informaciones es la agresividad con la que están compitiendo la Comunidad de Madrid y Cataluña por llevarse el proyecto. Una competitividad muy bien utilizada por los gestores de Las Vegas Sands para conseguir -en una carrera alocada entre ambas comunidades- favores para su proyecto. Favores que consisten en proporcionar terrenos bien situados y baratos, facilitar la construcción en ellos y realizar caras infraestructuras de transporte, etc. Además, siguen insistiendo en conseguir modificaciones legislativas para implantarse en España. Muchas de ellas, de normativa estatal, como la Ley del tabaco aprobada recientemente, que lógicamente nos vinculan a todos los ciudadanos. Por otra parte, quieren que la financiación de su iniciativa se haga en dos terceras partes por bancos; ellos sólo correrían con el riesgo de un tercio.
Pues bien, esta pugna pone de manifiesto gran parte de nuestros problemas políticos. Para empezar, la existencia de un sistema autonómico en el que la cooperación es la excepción y donde la competencia entre comunidades lleva a que cualquier tercero pueda jugar con ellas para sacar mejores condiciones para su proyecto, aun a costa del interés general, y sin que el Estado sea capaz de imponer un mínimo de racionalidad. También refleja la debilidad de ese Estado, que se ve sometido a la presión de los políticos regionales para cambiar Leyes estatales y dar satisfacción a sus intereses locales.
Lo que además revela la demagogia de nuestros gobernantes, dispuestos a suspender por intereses privados de cierta gente leyes democráticas de aplicación universal. Por otra parte, enseña que ganarse el favor político es un arma esencial para hacer negocios en España, lo que al final conduce a que se premien decisiones ineficientes frente a otras mejores, pero que no resultan tan espectaculares o tan convenientes políticamente. Y finalmente, indica la irracionalidad de nuestros gobernantes, dispuestos a apoyar aventuras en las que hasta dos tercios de la financiación deben correr a cargo de los mismos bancos que han tenido que ser rescatados con dinero público, y que se hundieron en parte por premiar intereses político-empresariales antes que proyectos empresariales solventes.
En el caso Eurovegas, no se trata de evitar que un determinado empresario invierta en España, se trata simplemente de exigir que si lo hace sea bajo las reglas comunes que deben respetar los demás empresarios y que el riesgo del negocio sea a su cargo y no al de los contribuyentes españoles. Algo bastante obvio. Algo que responde al principio de libertad de empresa, del que tanto hablan algunos, pero que tan poco ejercen. Algo que, por cierto, ya han puesto de manifiesto empresarios españoles, quienes según una noticia de El Confidencial dudan de su viabilidad financiera. Así que, si Adelson cree que hay negocio, que arriesgue su dinero.
En suma, el caso Eurovegas está poniendo de manifiesto nuevamente que nuestras instituciones no funcionan adecuadamente y que sólo una reforma decidida de ellas podrá evitar que sigamos bailando al compás de ilusionistas. Crecer, crear empleo, no es tarea sencilla. No podemos dejarnos llevar por la riqueza fácil. Normalmente, se acaba mal.
http://hayderecho.com/2012/07/02/eurovegas-o-como-el-dinero-de-nuestros-bancos-rescatados-puede-acabar-en-un-casino/
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