Pablo Pardo
Ya es oficial. La crisis de España no tiene precedentes. Con esa idea se acaba este domingo la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional. José Viñals, ex subgobernador del Banco de España y actual director del Departamento de Asuntos Monetarios y Financieros del Fondo, dijo el miércoles que la salida de capitales de los países de la periferia de la eurozona hacia el centro es "muy extraordinaria en una unión monetaria" ("quite extraordinary").
El país que encabeza esa salida de capitales es España. Los inversores extranjeros han retirado dinero equivalente al 27% del PIB de España entre junio de 2011 y junio de 2012. La mayor parte de esa huída de capital se produjo entre enero y junio, y no hay signos de que se haya parado.
En un país que tuviera su propia moneda, eso implicaría que la divisa se habría despeñado. Un ejemplo: en 1997 Indonesia tuvo salidas de capital algo inferiores a las que España está teniendo; en 1998, iguales. En los seis primeros meses, la rupia indonesia pasó de 2.436 unidades por dólar a 14.800. La inflación rozó el 80%. El PIB cayó un 13,5%.
El sistema bancario quebró, el país vivió una revolución y una oleada de violencia étnica contra la comunidad de origen chino. Fue rescatado por el FMI con 43.000 millones de dólares (que hoy, descontada la inflación serían casi 48.000 millones de euros). Eso, en relación al tamaño de la economía de Indonesia, sería como si España recibiera 430.000 millones de euros, que muchos creen que es lo que en realidad necesitamos (más 100.000 para los bancos).
Pero España no tiene moneda y no puede devaluar. En el último año nuestra divisa, el euro, ha caído un 7%. Pero con la mayor parte de los países europeos, que son nuestros socios, vale lo mismo. La opción sería que los españoles perdiéramos un 30% de nuestro poder adquisitivo. O sea, volver a la posguerra.
Nuestra situación es peor que la de Grecia, porque, aunque nuestro sistema político es más eficaz (lo que tampoco es un piropo en sí mismo), nuestros problemas son mayores. El ajuste no solo no ha reducido el gasto público: lo ha aumentado drásticamente, del 3,6% del PIB al 4,5% en apenas seis meses. Es decir: excluido el pago de intereses de la deuda, el agujero de nuestro Gobierno es ahora unos 10.000 millones de euros mayor en relación al inicio del año. ¿Cómo es posible? Porque los recortes del gasto y las subidas de impuestos hacen que la actividad económica caiga más de lo previsto y sepultan la recaudación fiscal.
Pero el déficit público es el síntoma, no la raíz del problema. España, como ha dejado claro el FMI, no tiene un problema de gasto público. Tiene un problema de sistema financiero. Nuestros bancos están en quiebra. BBVA y Santander pueden seguir financiándose fuera, porque su estructura legal permite a sus filiales operar de forma independiente. Pero los demás, no. Y, después de la decisión de Standard and Poor’s de bajarnos el rating, dos de las principales agencias de calificación de riesgos nos han puesto al borde de la calificación de bono-basura. Una de ellas, Moody’s, amenaza desde setiembre con darnos nota de bono-basura.
El futuro
Si dos agencias nos declaran bono-basura, la situación sería dramática. Por un lado, nadie compraría nuestra deuda pública. Pero también afectaría a las empresas, porque las agencias de calificación de riesgos siempre mantienen una correlación entre el rating de la deuda pública y la privada.
El mercado europeo de bonos que no tienen el rango de inversión (que es lo que es un bono-basura) ronda los 250.000 millones de euros. La llegada de la deuda española lo inundaría. Solo si Telefónica e Iberdrola se vieran abogadas a entrar en ese mercado, su volumen crecería en 80.000 millones, según Financial Times. Esas empresas, al contrario que los bancos, no tienen una estructura societaria que les permita a sus filiales en el extranjero captar capitales.
Los bonos-basura (aunque la traducción literal del término junk bond es más bien 'bono-trasto') presentan muchos problemas para los inversores. Una gestora de fondos suele necesitar un mandato específico de sus inversores para comprar esos activos. Y exigen una rentabilidad mucho mayor por comprarla, del 10% o más.
Ése es el gran problema de España. El Fondo Monetario Internacional —que, al contrario de lo que muchos piensan, está defendiéndonos desde el inicio de esta crisis contra Alemania y otros presuntos aliados como Finlandia y Holanda— ha sido muy claro.
Así pues, estamos en quiebra. Están en quiebra los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las familias y gran parte del sistema financiero. Si se comparan las cifras de deuda del Fondo en abril con las de ahora, se ve que esos pasivos apenas han sido recortados. El único que no está en quiebra es el Gobierno central. Pero él será quien acabe pagando la factura de los demás. Y eso también le llevará a la quiebra.
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