MIGUEL Lorente, Ingeniero técnico agrícola
Cuando se blindó a los funcionarios contra la contratación y despido arbitrarios, las administraciones públicas se convirtieron en instrumentos independientes al servicio de los estados y no de los gobiernos. Hasta entonces los empleados públicos estaban a merced de los gobernantes, y cada cambio de gobierno llevaba aparejado la sustitución de unos trabajadores por otros normalmente más fieles, más afines, o con mayor grado de parentesco. La regulación del acceso a la función pública, por tanto, fue uno de los pilares básicos del Estado de Derecho que permitió el funcionamiento de las administraciones públicas bajo el principio de legalidad. Esto explica, por ejemplo, que en Bélgica hayan estado más de un año sin gobierno y la Administración haya seguido funcionando con normalidad.
Recientemente el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha declarado que hay que acabar con los privilegios de los trabajadores públicos respecto el resto de trabajadores, facilitando el despido, ya que en España, según él, sobran 900.000 "cargos públicos". Sin embargo no ha aclarado qué servicios habría que suprimir, o si estos servicios deberían realizarlos entidades privadas con ánimo de lucro con dotes para ganar dinero. Utilizando un lenguaje tan demagógico con la intención de intoxicar como Rosell, se podría recordar que, según la Agencia Tributaria, los empresarios españoles declaran unos 6.000 euros de ingresos menos que los asalariados, lo que lleva a pensar que, salvo que mantengan su actividad con fines altruistas, son un mal ejemplo como gestores para dar lecciones, o no declaran todos sus ingresos mediante prácticas contables fraudulentas.
Pero no entremos en discusiones y vayamos a datos objetivos. Según las estadísticas publicadas que están al alcance de todos, en España el número de trabajadores del sector público era en 2008 el 12,75% de la población activa, frente a Dinamarca que era el 31,3%, Suecia el 26,2% y Finlandia el 24,6%. Ciñéndonos en algo tan sensible como la sanidad, los trabajadores públicos dedicados a ella representan el 4,1% frente al 6,6% de la media de la UE-15 y algo similar ocurre con educación.
Se dice que España es más pobre que el resto de países de nuestro entorno y, en consecuencia, hay que gastar menos. Pero no es cierto del todo porque el PIB per capita de España es el 94% de la media de la UE-15 y, potencialmente, tiene unos recursos similares. Sin embargo esto no ocurre en la realidad debido a que España recauda menos impuestos que el resto de países, lo que hace que nuestro gasto público social per capita sea el 72% de la media europea. En España, a pesar de que los que estamos en nómina pagamos unos impuestos similares a los de la UE-15, los ingresos del Estado equivalen al 32% del PIB, frente a la media de la UE-15 que es el 44% y Suecia el 54%. Así que el presidente de la CEOE podría haber dicho igualmente que, para reducir el déficit público, los empresarios deberían pagar más impuestos y acabar con el fraude fiscal, algo que en los tiempos que corren parece impensable. En Aragón una de las primeras medidas del Gobierno actual ha sido reducir algunos impuestos y, a la vez, recortar el presupuesto destinado a la universidad.
En cuanto a lo de acabar con el privilegio de los trabajadores públicos facilitando el despido, hay que aclarar que entre todas las modalidades de contratación, los funcionarios sólo representan el 28% y el resto, como los trabajadores del sector privado, están sometidos a la contratación temporal (de esto podrían hablar los trabajadores de la sanidad y de la enseñanza) y al despido procedente o no.
Facilitar el despido de los funcionarios también es el anhelo de algunos gobernantes que preferirían, como en el siglo XIX, sustituir a personas protegidas por la ley para garantizar su independencia en el Estado de Derecho, por otras más afines a sus intereses partidistas, o sometidas a la presión sicológica de la obediencia bajo la espada del despido. Para mostrar la animadversión que tienen algunos políticos a los funcionarios, es bien conocido un caso de un consejero del Gobierno de Aragón que sustituyó a un alto cargo de su gabinete, trabajador ejemplar y gran profesional, porque al no participar en sus compadreos lo consideraba peyorativamente "funcionario".
Funcionario "privilegiado" era también el general responsable de la identificación de los cadáveres del YAK-42 que, por obedecer al ministro de Defensa en una orden contraria a la ley y a la moral, no cumplió su deber al servidor del Estado y acabó en la cárcel. Ahora los gobernantes tienen la coartada de las empresas públicas que sin entrar a valorar su utilidad, en algunos casos se aprovechan para colocar en ellas a trabajadores por métodos digitales sin el filtro de las oposiciones. Incluso algunos de estos trabajadores ocupan puestos de funcionarios en la propia Administración haciendo caso omiso a las advertencias de los tribunales.
Pero el fondo de la cuestión de quienes, como Rosell, hablan de privilegios de los empleados públicos, no es la modernización de las administraciones públicas ni aún la reducción del déficit público lo que les preocupa. El neoliberaismo hace tiempo que busca adelgazar el Estado y dejar todo en manos de los mercados. Y así nos va.
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