César Finca
La crisis no engaña a nadie. Las continuas noticias que recibimos sobre ajustes en diferentes comunidades autónomas reflejan hasta qué punto la sociedad se tiene que apretar el cinturón. En esta vorágine, las pensiones tampoco se han librado: el Gobierno de Zapatero aprobó en julio la reforma que nos obligará a trabajar y a cotizar más cobrando un poco menos. Actualmente, la pensión media está en 920 euros. Ante tal panorama, sorprende últimamente, y mucho, la proliferación de los Pensionazos.
Prejubilaciones astronómicas, retiradas millonarias, indemnizaciones superlativas… Una tras otra, han provocado el estupor en la opinión pública durante estas últimas semanas, gracias a las cláusulas existentes en el seno de grandes empresas.
25 millones de euros en Caixa Penedés
El último escándalo se ha destapado en Caixa Penedès, hace solo unos días. Al parecer, cuatro altos cargos de la compañía se adjudicaron planes de pensiones por valor de 20 millones de euros sin que lo supiera su consejo de administración. El caso, en manos del fiscal jefe de Cataluña, se ha descubierto tras la fusión de varias entidades en el Banco BNM, que ya ha pedido explicaciones. El más beneficiado ha sido el ex presidente de la entidad, Ricard Pagés, que se asignó 11 millones de euros y se ha visto obligado a dimitir del consejo tras conocerse la noticia. Por si fuera poco, se acaba de saber que el ex director adjunto de la entidad, Santiago Abella, también podría haberse beneficiado de otros cinco millones de euros. Hace solo un año, en 2010, la caja obtuvo un beneficio de solo 27 millones. La cuantía del total de pensiones, según Deloitte, asciende a 60, de los que un tercio fue a parar solo a estas cuatro personas.
6 millones en Caja Segovia
Otra de las liebres saltó a principios de noviembre, cuando se descubrió que el ex director de Caja Segovia recibirá seis millones de euros en diez años por prejubilarse. Descontando impuestos, son aproximadamente 275.000 euros anuales. La noticia saltó a la barrera política, consternando a sus miembros autonómicos: "En el momento económico que vivimos, hay determinadas cifras que producen cierto sonrojo a la ciudadanía", comenta Juan José Sanz, viceportavoz del PP en las Cortes regionales.
25 millones en Caixa Galicia
No obstante, para ver el caso más flagrante hay que irse a Galicia. Allí, anticorrupción investiga a cuatro ex directivos de Caixa Galicia por recibir 25 millones en concepto de indemnizaciones, 15 de ellos para José Luis Méndez, a través de una pensión por jubilación astronómica. "Son legales, pero no significa que sean éticas", comenta José María Castellano, presidente actual de Novagalicia, la entidad que ha quedado tras fusionarse Caixanova y Caixa Galicia. Paradojas de la vida, la caja negoció el año pasado un ERE para hacer frente al proceso, prejubilando a 1.200 empleados y ahorrando 100 millones de euros.
2,9 millones en Bankia
Puede que haya sido todo este revuelo reciente el que haya hecho rectificar a otro gurú financiero, José Luis Olivas. El presidente de Bancaja no percibirá indemnización tras dimitir como vicepresidente del BFA y de Bankia, aunque, eso sí, le esperan 2,9 millones de euros anuales en concepto de jubilación, según marcan los estatutos de la entidad presidida por Rodrigo Rato.
Políticos privilegiados
Todos estos números resqueman, y mucho, si los comparamos con la pensión de un ciudadano de a pie. Conscientes de lo delicado del tema, varios miembros políticos del Congreso y Senado han mostrado su solidaridad, quizás sin ser conscientes de que son también privilegiados. Para ilustrarlo, solo hay que ver cómo ellos, con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras, ya tienen derecho a percibir un 80% de su pensión, mientras que los demás tenemos que cotizar un mínimo de 15 para recibir el 50%. Ellos necesitan cotizar solo 11 para recibir el 100%; el resto, 35 o 37, según se retiren a los 65 o 67 años, como marca la reforma de las pensiones aprobada este año. No obstante, al Gobierno parece que se le olvidó incluir a sus miembros dentro de la ley, enmarcada en un Pacto de Toledo.
Por si fuera poco, los diputados cuentan con un plan de pensiones colectivo, regulado por reglamento, mediante el cual las Cortes Generales abonan mensualmente un 10% de los 3.126,52 euros de su salario a un fondo del cual se nutren una vez jubilados.
De entre todos, hay dos que, concienciados con la situación, acaban de renunciar a él. Son Cayo Lara y Alberto Garzón, ambos diputados de IU que, en una decisión sin precedentes, han roto la rutina parlamentaria. "Uno no se puede jubilar a los 55 y cobrar su pensión hasta los 85", confesaba hace unos días el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Él, en cambio, sí podrá, aunque no podemos adivinar qué hará.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada